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La propuesta de Reforma Integral de la Hacienda Pública incorpora medidas de carácter institucional con objeto de promover la austeridad en el gasto público, asegurar un empleo eficiente de los recursos y orientado a resultados, así como reforzar la transparencia y la rendición de cuentas.

Para promover la austeridad, mejorar la asignación de recursos y contar con un gasto público eficiente se propone:
- La constitución del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas. Para ello, se propone reformar al Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (CONEVAL), ampliando sus atribuciones para que pueda realizar evaluaciones sobre todas las políticas y los programas de la Administración Pública Federal, incluyendo la ejecución de los mismos.

Los resultados de las evaluaciones se harán públicos mediante medios electrónicos, el Diario Oficial de la Federación y en los informes trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que se entregarán al H. Congreso de la Unión.

Los resultados se considerarán para tomar las decisiones en los procesos de programación y presupuesto de los años subsecuentes, con objeto de hacer más eficiente la asignación de los recursos públicos.
El Consejo mantendrá en esencia el diseño con el que hoy se evalúa los programas sociales y conserva su naturaleza administrativa de organismo público descentralizado con autonomía técnica y de gestión.

- Evaluar, de acuerdo con los resultados alcanzados y con el logro de las metas propuestas, el gasto federalizado (aportaciones federales Ramo 33 y el gasto reasignado) y los subsidios a entidades federativas. De esta manera el gasto federalizado, el cual constituye más del 50% del gasto programable, estará sujeto a resultados. Con objeto de respetar la autonomía de los gobiernos locales la evaluación del gasto federalizado se realizará por instancias locales independientes, y se posibilita a los gobiernos de las entidades y los municipios para que celebren convenios
con el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas con objeto de facilitar las evaluaciones y de recibir la asistencia técnica que se requiera para implementar sistemas de evaluación de desempeño a nivel local.

Para dar mayor certidumbre a la inversión pública, reducir sus costos y mejorar la asignación de recursos se propone:
 Fortalecer el procedimiento para definir las prioridades de inversión en el Presupuesto de Egresos. Para ello, se obligará a la autoridad a desarrollar un plan de inversiones de corto, mediano y largo plazo, ordenando los
proyectos en función de su rentabilidad socioeconómica, incluyendo consideraciones en términos del efecto que los proyectos puedan tener para reducir la pobreza y promover el desarrollo regional así como su concurrencia con otros programas y proyectos de inversión. La Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento será la encargada de analizar y determinar la prelación de los proyectos en toda la Administración Pública Federal, para efectos de su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente.

* Establecer presupuestos plurianuales para los proyectos de inversión en infraestructura. Con ello, se dará mayor certidumbre a las inversiones públicas y se reducirán los costos financieros de los proyectos.

Con objeto de incrementar la calidad del gasto, la transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos públicos se complementará la evaluación realizada por el Consejo Nacional de las Políticas Públicas con otras
acciones relacionadas con las fechas de presentación de la información, las atribuciones de la Auditoria Superior de la Federación, y la contabilidad gubernamental.

Entre otras medidas, se propone:
 Ajustes a las fechas de presentación de la Cuenta Pública y del Informe de Resultados de la Auditoría Superior de la Federación con objeto de presentar los resultados a la sociedad de manera más oportuna. Se adelantarán la presentación de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados del 10 de junio al 30 de abril del año siguiente al ejercicio, y el
Informe de Resultados que elabora la Auditoría Superior de la Federación del 31 de marzo del año siguiente a la presentación de la Cuenta Pública el 30 de diciembre del mismo año.

 Fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación permitiéndole realizar directamente auditorías en las entidades federativas sobre el uso de recursos federales, revisar-en el caso de auditorías de desempeño-información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en cuestión, emitir recomendaciones sobre el uso de los recursos y el cumplimiento de resultados, y brindar mayor certeza jurídica al proceso de fiscalización, entre otras adecuaciones.
 Homologar la contabilidad gubernamental en los tres órdenes de gobierno.

Para disponer de información precisa y homogénea de las finanzas públicas a nivel nacional, se propone otorgar facultades al Congreso para que apruebe leyes sobre contabilidad gubernamental para las entidades federativas y los municipios, complementando la facultad actual con que cuenta para emitir leyes en lo relativo al Gobierno federal.